Ayer se cumplían cuatro meses desde el fatídico 29-O, cuando la catástrofe de la DANA asoló al pueblo valenciano y dejó imágenes dolorosas para el recuerdo. El agua desbocada arrasaba con todo a su paso sin hacer distinción alguna: casas, escuelas, negocios, coches, parques y todo aquello que, de un día para otro, pasó de ser una realidad cotidiana a un amasijo de pertenencias irreconocibles, que definitivamente marcarían la memoria colectiva.
Un recuerdo que sigue vivo, pues todavía hay 28 municipios en estado de alerta, cuya actividad ya no solo económica sino social sigue en jaque. Pero sobre todo, persiste el clamor compungido de la gente, que llora a las más de 200 personas que no pudieron escapar de la tragedia. Padres, madres, mayores, pequeños… mujeres y hombres que perdieron su vida por no haber sido avisados a tiempo. Por no hablar de los trabajadores y trabajadoras que fueron obligados a ir a sus puestos de trabajo a pesar de la alerta y a pesar del miedo.
¿Cuántas de esas muertes se pudieron haber evitado? Algunos dicen que no sirve de nada que ahora nos lo preguntemos, pero la verdadera cuestión es la de siempre, y es que cuando el sufrimiento recae sobre el pueblo, a las administraciones les da por mirar hacia otro lado. Quizá lo hagan intentando eludir la carga que implica saber que muchas de esas vidas corren por su cuenta, porque está claro que la cuenta de El Ventorro no es la única que algunos se empeñan en ocultar. Precisamente por eso es pertinente hacerse estas preguntas, no porque nos vayan a devolver a nuestros seres queridos, sino para poner el foco en los responsables.
Es por ello que ayer más de 30.000 valencianos salieron a pedir el cese del “President”. Y es fundamental recalcar que estos reclamos de dimisión no son simples caprichos, son demandas legítimas de un pueblo soberano cuyas exigencias deben ser atendidas.
Las protestas son un reflejo del malestar profundo, del sufrimiento colectivo y de la necesidad de rendición de cuentas ante una gestión ineficaz y arrogante. Porque cuando la gente se levanta y decide organizarse y echarse a las calles, lo hacen para que sus vidas, sus hogares y su seguridad no sean tomados más como un juego.
Eso es lo que somos para muchos de los parásitos que ocupan nuestras instituciones: un juego, una burla y números que manipulan a su conveniencia. Aunque esto no debería tomarnos por sorpresa en este país, cuando se llevan riendo de nosotros desde hace mucho tiempo. Lo hace Ayuso en la Comunidad de Madrid cuando se refiere a las 7291 víctimas de sus protocolos de la muerte y la vergüenza como “esas mierdas”. “Esas mierdas” que tan poca relevancia tienen para ella y que tanto le molesta que le echen en cara, porque, al fin y al cabo, son solo cifras que interfieren en su narrativa de éxito. Al igual que lo hacía también el misterioso M.Rajoy, entre muchos otros.
Porque este comportamiento, lejos de ser aislado, es un patrón que persiste en aquellos que se creen intocables. Pero todo tiene un límite, y llegará el momento en el que digamos basta, al igual que lo están haciendo ahora los valencianos. Esta tradición de negligencia y corrupción que tan arraigada está en nuestras instituciones hay que cortarla de raíz, pues la confianza entre gobernantes y gobernados es ciertamente sensible, y cuando esta confianza, que hoy tiende de un hilo, se rompa, la vía que tomará el pueblo es la de la acción organizada.
Hoy el pueblo se organiza para pedirle responsabilidades a Mazón, puede que mañana España se alce para pedírselas a muchos otros.