La ausencia de inversión pública e intervención del estado han condenado al deterioro unas instalaciones eléctricas que han dejado sin luz a dos millones de argentinos en plena ola de calor. Los beneficios de la empresa responsable del apagón, Edesur, se habían multiplicado tras una subida de las tarifas de la luz del 270% por parte del gobierno del liberal Javier Milei. Pese al aumento de los beneficios, la ausencia absoluta de inversión tanto pública como privada para la manutención de las instalaciones eléctricas está mostrando sus consecuencias. Entre marzo y agosto de 2024 hubo cortes de suministro prolongados y recurrentes que en un 87% correspondían a Edesur. Como acto final de esta tragedia provocada, el día cinco de este mes se produjeron dos apagones masivos en Buenos Aires que dejaron sin suministro a dos millones de personas, y mientras que una parte de los usuarios lo han ido recuperando, otros aún continúan soportando una sensación térmica que este viernes llegó hasta los 47 grados sin electricidad.
La responsabilidad del apagón se asocia con los recortes de Milei, escenificados por el símbolo de la motosierra que predica por el mundo sin mostrar sus estrepitosos resultados. Para el exsecretario de energía Darío Martínez, es evidente que la paralización consciente por parte del Ejecutivo de las labores de mantenimiento han provocado el fallo generalizado en las subestaciones eléctricas, a pesar de que la empresa responsable, Edesur, intentara esconder estos fallos achacando los sucesivos apagones a un fallo en una línea de alta tensión. Con todo, la motosierra del mesías de La Libertad Avanza ha sido la estocada final a un sistema eléctrico que fue privatizado en 1998 y adquirido por la multinacional Enel Américas —propiedad del grupos como BlackRock y Capital Group—, cuya filial en Perú dejó sin suministro eléctrico a algunos distritos de Lima en marzo de 2024. Esto refuerza la idea, cada vez más sustentada por ejemplos empíricos, de que delegar el abastecimiento eléctrico de un país en empresas privadas conlleva o su mantenimiento con dinero público —con los beneficios, naturalmente, solo privados— o a su fracaso y colapso.
Esta relación de oposición entre los beneficios de las energéticas y el empeoramiento del suministro y, por ello, de la calidad de vida de las personas no sucede solo en Argentina, sino que es algo común en los países capitalistas. El martes de la semana pasada, 25 de febrero, más del 90% de los chilenos se quedaron sin luz por un fallo en el suministro de ISA Interchile, que registró en 2024 un aumento del 529’1% de su beneficio. Esta empresa de transmisión de energía alude a la misma excusa que Edesur en Argentina, esgrimiendo un fallo en una línea de transmisión que ha tachado de “inusual y extraordinario”. Sin embargo, no es el primer episodio de apagones en un país con un mercado energético que fue privatizado por la dictadura militar en la década de los ochenta. Sin ir más lejos, entre el uno y el dos de agosto de 2024, 800.000 hogares se quedaron sin electricidad. En el caso de la semana pasada, fallecieron tres personas electrodependientes y se registraron numerosas pérdidas para la economía chilena. La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri ha lamentado en X —antes twitter— que el Estado chileno no tenga capacidad para intervenir el mercado energético a causa de la mentira de la privatización, que prometía mayor eficacia y ha acabado generando problemas de suministro recurrentes. Esta prohibición de la intervención deja al gobierno de Gabriel Boric sin posibilidad de reprender a las empresas con algo más que sanciones económicas.
Especialmente prolongados fueron los apagones que se produjeron en Ecuador desde septiembre hasta el 20 de diciembre de 2024 por orden del presidente Noboa. Mientras que con Rafael Correa la economía ecuatoriana era una de las mejores de América Latina, con Daniel Noboa la criminalidad, la privatización y las políticas neoliberales de recortes han provocado un deterioro en las infraestructuras del país que ha acabado por notarse en la electricidad. La falta de mantenimiento tanto de los embalses como de las centrales hidroeléctricas forzaron al Ministerio de Energía y Minas a ordenar cortes de suministro que durante el mes de noviembre llegaron hasta las catorce diarias. El presidente Noboa, lejos de reconocer su mala gestión, culpó a la exministra de energía de haberse vendido al correísmo y haber efectuado un sabotaje, aún sin tener prueba alguna de ello. Así también, el gobierno derechista del millonario nacido en Estados Unidos decretó un toque de queda y aprovechó para militarizar aún más el país con la intención de proyectar una imagen de lucha contra la delincuencia de cara a las elecciones del pasado febrero, en las que pese al uso ilegal de recursos públicos en su campaña no consiguió ganar a la candidata del correísmo.
Esta forma de gestión eléctrica neoliberal, caracterizada por gobiernos ausentes y empresas despreocupadas de las condiciones de vida de los usuarios, no es exclusiva del Sur Global. El mes pasado se publicó la sentencia del Consejo de Europa contra España por vulnerar ocho derechos fundamentales de los moradores de varios Sectores de la Cañada Real, en Madrid, que están pasando su quinto año sin luz por culpa de la inacción del gobierno tanto regional de Isabel Díaz Ayuso como central de Pedro Sánchez, y, por supuesto, por las malas prácticas de la empresa proveedora Naturgy. La sentencia acredita que esta empresa, que aumentó en 2024 un 20% sus ganancias, colocó limitadores eléctricos en la zona del apagón sin previo aviso, provocando la vulneración de derechos que dura ya tantos años. Además, en Sevilla los apagones en los momentos de mayores temperaturas se están convirtiendo en tradición. En junio de 2023, cuando los termómetros llegaron hasta los 42’9 grados, cerca de 40.000 sevillanos de barrios obreros sufrieron cortes de luz en las horas de mayor temperatura del día a lo largo de semanas por culpa de 39 transformadores eléctricos de Endesa que cada año saltan sin que nadie se plantee buscar una solución al problema. En el último verano, el de 2024, los cortes de luz se extendieron a más barrios de la capital hispalense sin que ni Endesa ni el alcalde, José Luis Sanz (PP), dieran ninguna solución a los vecinos. Es más, cuando los moradores del barrio de Cerro-Amate ocuparon el centro cívico como refugio climático, se produjo un enorme despliegue policial que acabó con la detención de Juan García, portavoz de la plataforma Barrios Hartos.
Por último, resulta sorprendente el contraste entre la cobertura mediática a los apagones en países como Cuba con los ejemplos antes expuestos. Mientras que los apagones en Cuba ocupan de vez en cuando un lugar prominente en los telediarios españoles, tan solo la prensa escrita ha noticiado los recientes apagones en Buenos Aires y sin colocarlo en lugares de relevancia. Además, en la búsqueda de la responsabilidad, parecería que el fallo en la infraestructura eléctrica se ha producido por casualidad y sin motivo aparente según el relato mediático. En el caso de los prolongados apagones en Ecuador, no solo estuvo ausente en las portadas de los principales medios de comunicación, sino que además RTVE cogió fotografías de militares ecuatorianos custodiando las calles durante los apagones y las rotuló como si fueran procedentes de Cuba, en un ejercicio flagrante de terrorismo informativo que no ha tenido consecuencia alguna. El relato mediático del capitalismo muestra su rostro más inhumano cuando asocia los apagones en barrios obreros de Sevilla o la Cañada Real con la criminalidad y la delincuencia, pretendiendo argumentar que las malas condiciones de vida de los trabajadores españoles se debe al cultivo masivo e ilegal de marihuana. Estas afirmaciones son consideradas legítimas incluso sin estar demostradas, y además suponen una criminalización de las organizaciones vecinales de protesta, a las que se las asocia indirectamente con el crimen. Tantos ejemplos permiten levantar la vista para que el árbol de la excusa puntual no impida ver el bosque de las consecuencias lógicas de sistemas privatizados y neoliberales, en el que la electricidad no está al servicio de las condiciones de vida de la mayoría, sino de los beneficios de unos pocos magnates que, en algunos casos, ostentan puestos de responsabilidad política, como es el ejemplo de Josu Jon Imaz (PNV y Repsol).