Uno podría pensar que las imágenes son del ejército israelí derribando hogares palestinos en la Cisjordania ocupada, o que es una de las escenas iniciales de la película El 47, en la que la Guardia Civil destruye las chabolas de andaluces y extremeños. Lo cierto es que ni sucede en Palestina, ni es una representación ficticia de un pasado doloroso, sino que es lo que ha sucedido hoy en Níjar, el cuarto municipio más grande de la provincia de Almería. En la mañana del día de hoy se han derribado el asentamiento de El Uno sin que el ayuntamiento de la localidad almeriense, encabezado por José Francisco Garrido (PP), haya ni siquiera prometido falsamente una alternativa habitacional para los 60 moradores del asentamiento, entre los que hay 9 niños que no saben dónde pasarán la noche. Esto se suma a una cruzada racista que llevó hace dos años a la demolición del asentamiento El Walili por la entonces alcaldesa Esperanza Pérez Felices (PSOE), y que dejó sin hogar a 450 trabajadores inmigrantes.
Este escenario distópico comenzó a las 10 de la mañana, cuando llegó la comitiva judicial para certificar que se ejecutaba la orden de desalojo emitida el 13 de febrero de 2024 contra las construcciones. A pesar de la insistencia por parte de organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes o la Plataforma Derecho a Techo, el ayuntamiento ha ejecutado la orden judicial sin tomar en consideración la vulnerabilidad de las personas que allí vivían, sin ofrecerles apoyo psicológico, y sin darles ninguna alternativa habitacional. La sentencia ordena el desalojo de las construcciones sin tomar en consideración a las personas que viven en esas infraviviendas, cosa que tendría que haber hecho el consistorio para frenar la agresión contra esas personas en situación de pobreza. Sin embargo, cuando José Francisco Garrido llegó a la alcaldía con el apoyo de VoX en 2023, clarificó sus intenciones al supeditar constantemente la seguridad a la “limpieza” en su discurso, prometiendo un municipio “más seguro y limpió” y asegurando a sus conciudadanos que “tendréis más seguridad y más higiene rural”. Hoy es conocido a qué se refería con esas promesas: al gran bulo de la relación entre inmigración y delincuencia y a la asociación de los asentamientos y la pobreza —provocada por las pésimas condiciones laborales— con la suciedad y lo que debe ser eliminado para alcanzar la “seguridad” y la “prosperidad”.
En declaraciones a eldiario.es, las víctimas de esta expulsión han asegurado haber estado trabajando en situación irregular y a cinco euros la hora. De por sí, tener a una población vulnerable, tanto ante la economía por su pobreza como ante las leyes por su situación irregular, trabajando en condiciones de semiesclavitud en el campo almeriense y resguardándose en infraviviendas es algo que debería avergonzar a cualquier español que aprecie mínimamente la humanidad y le tenga algo de aprecio a la dignidad de su patria. No obstante, además de ello, la patronal para la que trabajaban, COEXPHAL —cuyos beneficios no paran de crecer por la exportación de pimiento almeriense—, ha presionado al ayuntamiento como ya hizo con el asentamiento de El Walili para que, rota la relación laboral, les abandonaran a su suerte sin un techo con el que resguardarse por las noches. En declaraciones recogidas por El Salto, el portavoz municipal de Podemos José Miguel Ramos ha considerado vergonzosa la deshumanización de los extranjeros y la evasión de competencias por parte tanto del consistorio como de la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).
Hace dos años, a comienzos de 2023, se produjo el desalojo de El Walili bajo la responsabilidad de la entonces regidora Esperanza Pérez Felices, y por presiones también de la patronal COEXPHAL. En esta ocasión, el ayuntamiento prometió a los 450 trabajadores inmigrantes una alternativa habitacional que nunca llegó. De acuerdo con el comunicado que entonces emitió la Plataforma Derecho a Techo en esa ocasión se incendiaron las chabolas antes de arrollarlas con la excavadora sin revisar si quedaban enseres personales o animales. Según esa misma plataforma, la alcaldesa actuó, además de por presión de la patronal, por intereses electoralistas —ya que sucedió unos meses antes de las elecciones municipales de 2023—, asumiendo las tesis racistas de la ultraderecha para atraer a sus votantes con los actos más inhumanos posibles. No hay que olvidar que según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el campo almeriense hay, a día de hoy, 7000 personas viviendo en asentamientos ligados a trabajos agrarios en condiciones de semiesclavitud.
Carlos Ortiz